Algunos de los artículos definitivos sobre la reforma penal contra el crimen organizado en Brasil surgieron como respuesta a episodios de violencia extrema, incluido el operativo policial de octubre en Río de Janeiro que dejó 121 muertos, considerado el más letal en la historia de esa ciudad. Este contexto alimentó el impulso en la Cámara de Diputados para aprobar una nueva legislación que modifica de manera sustancial la propuesta original del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Según detalló el diario brasileño ‘Folha’, la Cámara aprobó el texto con 370 votos a favor y 110 en contra, tras un intenso debate que reflejó desavenencias entre el oficialismo y la oposición, así como intentos frustrados del Ejecutivo por posponer la votación.
‘Folha’ informó que la nueva normativa amplía los delitos y agravantes aplicables a integrantes y colaboradores de organizaciones criminales, introduciendo la figura inédita de Dominio Social Estructurado. Esta tipificación penal permite castigar no solo a quienes formen parte directa de bandas criminales reconocidas por su uso sistemático de la violencia, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo, sino también a quienes brinden apoyo en materia logística o tecnológica, ofrezcan refugio, faciliten armas, suministren información clave o inciten a terceros a delinquir. Las penas para quienes incurran en estos actos pueden alcanzar hasta veinte años de cárcel.
Entre los cambios más relevantes, el texto aprobado define de manera diferenciada los grados de implicación y responsabilidades dentro de las estructuras criminales. El diario ‘Folha’ explicó que se establecen agravantes que incrementan condenas entre un cincuenta y un sesenta y siete por ciento cuando se verifican condiciones como el liderazgo en el grupo, la utilización de herramientas tecnológicas de última generación o el reclutamiento de menores de edad en la estructura criminal. Así, algunos implicados podrían ser condenados a hasta sesenta y seis años de reclusión, en función de su papel y la gravedad de los delitos cometidos.
El delito de apoyo al Dominio Social Estructurado busca intervenir en los eslabones logísticos que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales y dificultar el respaldo indirecto, hecho que, según describió ‘Folha’, representa un giro respecto de la normativa vigente hasta el momento. El Parlamento propone ampliar la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar a un espectro más extenso de colaboradores, incluso si su vínculo con la banda es indirecto o se limita a facilitar información, recursos tecnológicos o infraestructura.
La génesis de estas reformas respondió, de acuerdo con la cobertura de ‘Folha’, al interés prioritario del Parlamento por fortalecer la respuesta del Estado frente a una criminalidad organizada que ha expandido su influencia más allá de los centros de reclusión, permeando territorios urbanos y rurales y ejerciendo control social. Tanto el PCC como el Comando Rojo han acrecentado su poder e incidencia en distintos territorios del país, según registró el diario. La ley pretende desalentar nuevas formas de respaldo logístico y atacar modos de operación sofisticados, incluidos aquellos vinculados a la digitalización y al uso de tecnologías avanzadas.
La elaboración del texto definitivo recayó en el diputado Guilherme Derrite, del partido Progresistas, quien anteriormente integró la policía militar. ‘Folha’ consignó que Derrite intervino en la formulación de distinciones específicas entre las distintas clases de organizaciones y su método de operación, tomando como referencia incidentes de violencia y la diversificación de la criminalidad. Además del endurecimiento de penas y la ampliación del catálogo de delitos sancionados, el texto introduce agravantes vinculadas a la utilización de menores y recursos tecnológicos, uno de los aspectos que más distancia la versión final de la remitida por el Ejecutivo.
El proceso legislativo estuvo marcado por una disputa entre los objetivos originales de modernización y actualización del Ejecutivo, enfocados principalmente en el desmantelamiento de las estructuras jerárquicas y operativas de las bandas, y el enfoque mayoritario en la Cámara de Diputados, que apostó por ampliar las sanciones e introducir nuevos tipos penales y agravantes especialmente orientados a la realidad digital y a la captación de adolescentes dentro del entramado criminal, según el monitoreo realizado por ‘Folha’.
La tramitación sufrió intentos de postergación por parte del gobierno, con la intención de buscar rediscusión de los cambios hechos por la Cámara. De acuerdo con lo reportado por ‘Folha’, esos esfuerzos no prosperaron debido a la amplia mayoría obtenida en la votación. El presidente de la Cámara, Hugo Motta, defendió la autonomía del Congreso para legislar en materia de seguridad pública, considerando la nueva legislación como la mejor versión disponible para enfrentar el crimen organizado. Motta reconoció el papel de Guilherme Derrite en los cambios incorporados.
Para actores políticos y operadores jurídicos, la aprobación marca una redefinición en la política criminal del Estado. Según describió ‘Folha’, la extensión de nuevas figuras delictivas y la creación de penas agravadas se considera una respuesta institucional a la complejidad y sofisticación de las redes criminales actuales, la expansión de las milicias armadas y la penetración en la vida pública de los territorios. El Legislativo, enfatizó el medio brasileño, buscó ejercer un papel de contrapeso ante el Ejecutivo, dotando al Estado de herramientas para enfrentar desde distintas aristas nuevas formas de criminalidad y violencia.
Otro elemento destacado en la cobertura de ‘Folha’ es la presión social y mediática sobre el Parlamento para dar respuesta eficaz tanto a los delitos asociados al crimen organizado como a los nuevos patrones de violencia. El fenómeno del reclutamiento de menores en la estructura criminal, junto con el empleo de tecnologías para planificar y ocultar actividades ilícitas, motivó la creación de agravantes diseñadas para disuadir este tipo de conductas y acotar las posibilidades de expansión de las organizaciones.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la legislación pasa a revisión y debate en el Senado. Según estableció el propio Parlamento y reportó ‘Folha’, si la Cámara Alta resuelve introducir modificaciones, el texto regresará a la Cámara para una validación final, como parte del mecanismo institucional de control y legitimidad sobre el proceso legislativo.
La iniciativa, que redefine el enfoque estatal ante organizaciones criminales complejas, introduce conceptos novedosos en el derecho brasileño, incrementa sanciones para líderes y colaboradores logísticos o tecnológicos, y responde tanto a desafíos delictivos recientes como a la demanda social de un Estado más enérgico frente a la violencia y la criminalidad, tal como reflejaron los debates parlamentarios y el seguimiento del diario ‘Folha’.
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